Manuel Miranda, vecino de Lima, contra Cosme Bueno, sobre daños y perjuicios por desalojo de una casa la cual tenía arrendada para trato de zapatos. Ante Francisco Arias de Saavedra, abogado de la Real Audiencia, alcalde ordinario de Lima. Procede del Superior Gobierno.

María Antonia Noriega, contra el comerciante José Román de Idiáquez, sobre daños y perjuicios que ocasiona con las tareas de limpia y encajonamiento de su cascarilla, las que realiza en el patio de su casa incomodando a los vecinos. Ante Tiburcio de Mendoza y Ríos, capitán del Regimiento de la Nobleza, alcalde ordinario de Lima.

Luis Ferrán y Manuel Arrechavaleta, arrendatarios de los molinos que riegan del río Santa Clara, contra Jacinto Chávez, arrendatario del molino Martinete y San Juan de la Pampa; sobre daños y perjuicios por no colocar las llaves y cerrojos a las compuertas de sus molinos. Ante Benito de la Mata Linares, oidor de la Real Audiencia y juez de aguas de Lima.

Pedro Pablo Huamanyaure, indio contribuyente del pueblo de San Juan de Lahuaytambo contra José Olmedo y Juana Mendoza, su mujer, sobre pago de daños y perjuicios, por el incendio de su casa situada en la quebrada de Huaycán. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra.

José Pomiano, contra Ambrosio Mansilla sobre daños y perjuicios por la compra de ganado desnutrido. Incluye declaración. Ante Francisco Calatayud y Borda, caballero de la Orden de Santiago, abogado de la Real Audiencia, alcalde ordinario de Lima.

Tomás Pasquel, capitán, dueño de la hacienda Chacra Grande y Guerrero en el valle de Carabayllo, contra Francisco Arias de Saavedra, dueño de las haciendas Pampas del Rey y Hurtado; sobre daños y perjuicios por los aniegos que causa a su propiedad el desborde de sus acequias. Ante Manuel Pardo Rivadeneira, alcalde del crimen, juez de provincia de la Real Audiencia y juez de aguas de Lima.

José María Berdugo, capitán de la 10a compañía del Regimiento de Carabayllo contra Francisco Dulanto, sargento de una compañía del Regimiento de Carabayllo, por daños y perjuicios ocasionados en la chacra San Bartolomé durante los cuatro meses que sirvió de mayordomo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra.

José Celedonio Urrea, poseedor de las minas San José, San Antonio, San Lázaro y Chiquinquirá, situado en el pueblo de Huaillay, en Canta solicita que el indigena Lucerico Ollera le pague los daños y perjuicios causados por la administración de sus minas. Ante el Tribunal General de Minería de Lima.

María Hilaria Martín, contra José Yugular, sobre daños y perjuicios que ocasionó el derrumbe de unos pisos construidos en su casa; porque perjudica a la casa del primero tapándole la luz, el aire y constituye un peligro. Ante Antonio Boza y Garcés, sargento mayor del Regimiento de la Nobleza, alcalde ordinario de Lima.

Antonio de Elizalde, de la Orden de Santiago, contra José Anglade, arrendatario de la huerta de Josefa Villegas, sobre daños y perjuicios por las inundaciones ocasionadas por sus acequias. Ante Juan Bautista de Lavalle, caballero de la Orden de Alcántara, alcalde constitucional de Lima.