José Celedonio Urrea, solicita que el indígena Eusebio Mesa, absuelva algunas preguntas sobre las minas de San José. Ante el Tribunal de Minería.

Oficio de Manuel de Arredondo, regente de la Real Audiencia de Lima y delegado del Virrey, al Real Tribunal de Minería comunicando la absolución de la multa impuesta a Ignacio de Odría, diputado territorial de Huarochirí.

Manuel Mariano Ramos contra Cayetano Garviso por absolución de posiciones. Ante el Tribunal General de Minería

Pedro Josef de Loyola, director del Real Tribunal de Minería, solicita que se mande a las personas que han obtenido licencias para la explotación de minas de salitre que las devuelvan al tribunal. Ante el Real Tribunal General de Minería,

Borrador de certificación sobre los recursos interpuestos por Francisco de la Fuente y Loaiza, Miguel Espinach y Eugenio Miota, administrador y diputados generales del Real Tribunal de Minería relativo a la abstención de los jueces reales en asuntos contenciosos de minería.

Carta de Ines de Santa María, Representante de la Negociación Ganadera Conocancha, a Leonidas Egoavil, Administrador de la Hacienda Conocancha, comunicando que por el momento no vendrán más ganado para el frigorífico, debido a la abundancia actual y la baja de precios; así mismo, indica que envía facturas de Ravettino Hnos. S.A. y F. Piaggio.

Antonio Marallano, maestro de postas de Parcos Tambo, contra Antonio Martínez Negrete, subdelegado del partido de Angaraes, por abuso de autoridad. Incluye bando. Ante Ambrosio de O'Higgins, Marqués de Osorno, virrey del Perú.

Sumaria información recibida contra Pascual Baylón, soldado de infantería ligera en Huarochirí, por abuso de confianza y robo de un baúl y una petaca conteniendo plata labrada, ropa y papeles de importancia, pertenecientes a Petronila Sotomayor, vecina de dicha localidad. Como cómplice en el reparto de lo robado figura Juan Nepomuceno Manco-Inca, gobernador del pueblo de Chilca. Iniciado ante la autoridad militar, el caso pasó a un juzgado de Primera Instancia por carecer de fuero el acusado debido a que se trata de un ex guerrillero; pasó de juez fiscal Policarpio Aranza al juez Manuel Berazar, juez de derecho [José Díaz, Julián de Cubillas y Francisco Grados, escribanos].

Oficio del Conde del Villar de Fuente, Andrés Salazar y Antonio Álvarez de Villar a José Bernardo de Tagle, Marqués de Trujillo y supremo delegado, solicitando su intervención en contra de los abusos de la municipalidad hacia el Banco de papel moneda y la reformulación de algunos artículos del acta con la que se constituyó dicha institución.

Oficio de José Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia, virrey del Perú, al Real Tribunal de Minería, sobre los abusos cometidos en la Intendencia de Puno por la distribución de azogues.