Oficio de José de la Riva Agüero, presidente del departamento de Lima, al Protector del Perú, informando que la suma del secuestro efectivo a que se obligó el Tribunal del Consulado fue de 105,800 pesos.

Oficio de Tomás Forcada, vocal de la Corte Superior de Justicia, al ministro de Hacienda, sobre la apelación de Alejandro Villota, administrador depositario de la hacienda Palpa, sobre la sentencia del juez de secuestros que ordenó la entrega de esta hacienda al Convento de Santo Domingo, el cual, a su vez, se la entregó en enfiteusis a José Basurco, quien emigró a la fortaleza del Callao.

Oficio de Manuel Villarán, director general de Censos, a Juan José Quintanilla y Francisco Borgoño, administradores del Tesoro Público, solicitando el testimonio de la escribanía de la Caja de Protocolos del anterior gobierno español para realizar el informe de la Alta Cámara de Justicia sobre el secuestro hecho a Simón Ravago de la Casa de Temporalidades.

Oficio de Tomás de Heres, jefe del Estado Mayor General, a Hipólito Unanue, ministro de Hacienda, solicitando botijas de aguardiente embargadas por orden del Libertador. Contiene respuestas.

Oficio de Tomás de Heres, jefe del Estado Mayor General, a Hipólito Unanue, ministro de Hacienda, informando sobre el secuestro de botijas de aguardiente descubiertas por Manuel Ignacio García.

Borrador de informe de la Tesorería General, comunicando que la documentación sobre secuestros la posee la Contaduría General y que, por ello, no puede pronunciarse sobre el secuestro de bienes a la Casa de Filipinas.

Oficio de Francisco Valdivieso, juez privativo de secuestros, al director General de Minería, sobre el secuestro de bienes pertenecientes a la testamentaría de Isabel de los Ríos.

Borrador de informe de la Tesorería General, explicando que su función es solo administrar los bienes secuestrados y no el de poner en secuestro ya que esto corresponde al juzgado.

Borrador de informe de la Tesorería General sobre los bienes secuestrados a Juan Bautista Sarraos.

Oficio de Juan Bautista Navarrete y Felipe Santiago Estenós, diputados secretarios del Congreso Constituyente, al ministro de Hacienda, comunicando, en respuesta a una consulta sobre el destino de los bienes y haciendas de aquellos que no emigraron al Callao, que los no emigrados no son culpables si tuvieron una conducta pacífica durante la ocupación española.