Decreto supremo expedido por José Bernardo de Tagle, Marqués de Trujillo y supremo delegado, e Hipólito Unanue, ministro de Hacienda, nombrando al padre provincial Francisco Zea para que administre las haciendas de Casablanca a nombre del Estado.

Oficio de Bernardo Monteagudo, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, a Hipólito Unanue, ministro de Hacienda, remitiendo la solicitud de Joaquín Marieluz para que se le confiera la administración de las haciendas secuestradas por el Estado.

Oficio de José Sánchez Carrión y Pedro Pedemonte, diputados secretarios del Congreso Constituyente, a Francisco Valdivieso, ministro de Gobierno y Hacienda, solicitando las cuentas que ha presentado Antonio de San Alberto a los ministros de Guerra y Hacienda, pertenecientes a la administración del hospital Santa Ana.

Oficio de Francisco Valdivieso a los administradores del Tesoro Público, solicitando un informe sobre las cantidades que se le han entregado a Antonio de San Alberto durante su administración en el hospital Santa Ana.

Informe de Joaquín Bonet, contador mayor de cuentas, Hipólito Unanue, ministro de Hacienda, sobre las condiciones en que deben quedar las oficinas de la administración de la Aduana.

Borrador de oficio de Domingo de las Casas, tesorero general, a José Bernardo de Tagle, presidente de la República del Perú, reiterando su pedido de mantener el orden con respecto a los pagos de la Hacienda Pública, siendo la Tesorería General la única entidad que puede realizar dicha acción.

Manuel de Villalta, director general, remite informe sobre una real orden que dispone la facultad del tribunal de administrar las minas de azogue sin dar cuenta a la Superintendencia General de Real Hacienda. Ante el Real Tribunal de Minería de Lima.

Oficio de Estanislao Lynch, Narciso de la Colina, Ricardo Exter y otros a Hipólito Unanue, ministro de Hacienda, informando que la Cámara de Comercio ha exigido que el Gobierno autorice su intervención en el manejo de sus oficinas.

Oficio sobre el proyecto de economía para la administración de los predios rústicos y urbanos aplicados al Estado en razón de Secuestro.

Copia de decreto expedido por Simón Bolívar, encargado del poder dictatorial de la República del Perú, estableciendo medidas para la administración de haciendas, obrajes y otras propiedades de individuos aliados del enemigo.