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Oficio de José de Sologuren, contador del Tribunal del Consulado, al Tribunal del Cosulado, remitiendo el arreglo de labores para su cumplimiento, en razón al restablecimiento del Consulado como se hallaba en 1 de mayo de 1825.

Copia de las propuestas presentadas por Manuel de Villalta, minero de Curahuasi, en Cusco a la Superintendencia General de Real Hacienda, sobre arreglo de minas.

Oficio de Juan Bautista Otero a Tomás Diéguez, sobre el arreglo del padrón o censo de los habitantes de la doctrina para la próxima instalación de los cabildos institucionales.

Expediente formado por el Real Tribunal de Minería sobre el arreglo de las plazas y sueldos de los empleados de ese tribunal. Procede de Superior Gobierno.

Manuel Sáenz de Tejada, hacendado, arrendatario de la chacra Orrantia, en el valle de Huatica, contra José Antonio Albo, dueño de la hacienda San Isidro, ubicado en ese valle; sobre arreglo de una toma común. Incluye plano de toma. Ante Ignacio de Pro León, abogado de la Audiencia Nacional, regidor y juez de aguas de Lima.

Los hacendados del valle de Huatica contra Sebastián Ortiz, padre de la Compañía de Jesús, administrador de la hacienda Santa Beatriz, propiedad del Colegio de Santo Tomás de Aquino; sobre arreglo de la toma La Boquilla, situada en la plazuela de Santa Ana, por consumir más de su dotación correspondiente. Ante Diego Miguel de la Presa Carrillo, maestre de campo, regidor perpetuo y juez de aguas de Lima.

Manuel de Salazar y Piedra, dueño de las haciendas Mateo Castro y Collique, contra Antonio Arburúa, dueño de la hacienda El Cerro, en el valle de Carabayllo; sobre reparación de una toma para el reparto de agua del puquio Talavera. Ante Ambrosio Cerdán y Pontero, oidor de la Real Audiencia, alcalde del crimen, juez de provincia de la Real Audiencia y juez de aguas de Lima. Procede de Real Audiencia.

Manuel Montalvo, maestro fraile, como rector del Colegio de Santo Tomás de Aquino de la Orden de Predicadores, dueño de la hacienda Santa Cruz en el valle de Huatica, contra Pablo Larrañaga, arrendatario de la chacra el Barbón; sobre arreglo de su toma por haber disminuido la dotación de agua de su hacienda. Ante Manuel Pardo Rivadeneira, alcalde del crimen, juez de provincia de la Real Audiencia y juez de aguas de Lima.

Toribio Ramírez de Arellano, en nombre de los hacendados del valle de Huatica, regantes de la acequia grande de Santa Catalina, contra Manuel de la Torre Guirior, caballero de la Orden de Calatrava, dueño de la hacienda Santa Beatriz; sobre arreglo de sus tomas conforme a los riegos establecidos. Ante Manuel Diez de San Miguel y Solier, regidor perpetuo y juez de aguas de Lima.

José Fernández, arrendatario de la chacra Chavarría, en el valle de Bocanegra, contra Pedro Blanco, arrendatario de la Chacra Villaseñor, sobre arreglo de sus tomas por estar la toma de Villaseñor más baja que la suya, percibiendo más riegos de la dotación asignada. Ante Tomás de Vallejo y Zumarán, alcalde provincial de la Santa Hermandad, regidor perpetuo y juez de aguas de Lima.